Los Consejos Generales de la Abogacía, de los Economistas y de los Títulares Mercantiles recurrieron la firma de diversos acuerdos de colaboración de la Agencia Tributaria con diversos colectivos profesionales durante el año 1996, y la Audiencia Nacional, en sentencia pronunciada el pasado dos de noviembre, ha reconocido expresamente que los gestores administrativos, graduados sociales y los denominados técnicos tributarios -colectivos aludidos en el citado recurso- no pueden realizar asesoramiento fiscal, puesto que tales profesionales no tienen por objeto la asistencia jurídica, económica o financiera.
En el próximo número de ECONOMISTES se ampliará información sobre esta noticia.