Número 202 - 1ª Quincena Abril de 2001.

J.Betrian: "Todos los retos que preocupan
a los auditores tendrán solución"
La calidad de los trabajos, la habilitación de nuevos auditores y la responsabilidad del auditor, entre los destacados por el presidente del REA.

El nuevo presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Jesús Betrian, se pronuncia en esta entrevista sobre temas tan actuales como las responsabilidades de los auditores o las incompatibilidades entre éstos y los consultores, y opina sobre otros tan delicados como la unificación de las tres corporaciones o el recurso del Gobierno ante el Constitucional sobre la Ley de Creación del Col.legi de Censors por la Generalitat catalana.

ECONOMISTES. Usted es proclamado candidato a la presidencia del REA horas antes de ser designado presidente del ICAC José Luis López Combarros, quien, a su vez, era el candidato a presidir el REA. Es evidente que la imagen social de los economistas y del REA ha salid muy favorecida; ¿piensa que ha sido por casualidad?.

Jesús Betrian. Lo fundamental en el nombramiento del Presidente del ICAC es que ha recaído sobre una persona con acreditada experiencia en el sector privado. Creo que este nombramiento no fue casualidad. En mi opinión se debe, en primer lugar, a una decisión inteligente y muy meditada del Gobierno de dar mayor peso y responsabilidad a los profesionales del sector privado en el ICAC y, en segundo, a la calidad técnica y personal, del nuevo Presidente.
Inicialmente, hubo alguna reacción poco apropiada ante su nombramiento, quizás por la perplejidad que causó la elección de un destacado economista y miembro del REA. Sin embargo, parece que se ha comprendido que lo importante es que un profesional procedente del sector privado  y con gran experiencia tuviera un peso decisivo en la contabilidad y la auditoría en España, y no su pertenencia a tal o cual corporación.
El hecho de que José Luís hubiera sido elegido como candidato a presidir el REA y que él hubiera aceptado esa responsabilidad lo único que demuestra es su voluntad de servicio y que quienes le conocemos coincidimos con el Gobierno respecto a que merece toda la confianza. Desde luego es un honor la elección de un miembro destacado del REA, pero esto no nos hará  olvidar que también lo es de las otras corporaciones y que trabajará no para defender intereses corporativos sino los generales. 

EC. ¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado como presidente del REA?.
J.B. El fundamental es mejorar la imagen de los auditores. Este objetivo requiere acciones colectivas de mejora de los servicios a los miembros y de supervisión de la calidad, e individuales de formación y de aseguramiento interna de dicha calidad.
También, debemos trasladar a la sociedad estos esfuerzos a través de los medios de comunicación. Debemos hacerle llegar que los auditores somos una pieza importante de la economía y que estamos comprometidos en prestarle el mejor servicio.
Así mismo, trabajaremos para resolver los problemas del sector. Hay que encontrar formulas para trasladar a la sociedad y a los legisladores la necesidad de un marco legal más justo que delimite y haga comprensible a los usuarios que es lo que realmente se puede exigir a un auditor, y cuales son nuestras funciones y responsabilidades reales. 

EC.  ¿En qué estado se encuentra la Ley de creación del Col.legi de Censors de la Generalitat de Catalunya y en qué medida este proceso condiciona otros ensayos similares –caso de la Comunidad Valenciana- por transformar el Instituto en Colegio?.
J.B. Es un tema delicado que me preocupa porqué afecta a otra corporación y a las relaciones del Gobierno Central con la Comunidad Autónoma de Catalunya. Además, nos afecta porqué, muy a pesar nuestro, es la traba real que, hasta ahora, impide la acción unitaria de los auditores ante los problemas y los retos a los que nos enfrentamos.
Quiero manifestar mi respeto por los miembros del Instituto de Censores de Cuentas de España, entidad pionera de la auditoría en España. Por ello, lamento profundamente no poder compartir su estrategia jurídica iniciada en Catalunya y que, según todas las informaciones de que dispongo, es contraria al ordenamiento constitucional, de la auditoría y de los Colegios Profesionales. 
En mi opinión, la Ley configura la auditoría como actividad y no como profesión por  razones técnicas y jurídicas fundamentales. La auditoría es una pieza esencial de la política económica y del mercado, que, según la Constitución, es único para toda España y, además, su ejercicio se lleva a cabo bajo tutela del Estado. 
El ejercicio de las profesiones y la regulación de los Colegios Profesionales es competencia de las Comunidades Autónomas, y ambos estamentos, necesariamente, deben tener plenas competencias para regular dicho ejercicio. La creación de colegios de auditores en cada comunidad autónoma supondría la existencia de un marco de regulación de la auditoría distinto para cada una de ellas.
Esta es la razón por la que los legisladores excluyeron la auditoría del ámbito de las profesiones y la calificaron de actividad, y por lo que los Tribunales Constitucional y  Supremo han reiterado hasta la saciedad que la auditoría está fuera del ámbito de los Colegios Profesionales y que el marco de la auditoría debe ser único para todo el Estado.
Por si ello fuera poco, la auditoría no implica reserva de actividad para los poseedores de un título académico específico. A este respecto, tanto las normas europeas como españolas establecen que es una habilitación a la que debe poder acceder cualquier persona que, reuniendo una mínima formación académica – simplemente grado de acceso a la Universidad – demuestre, mediante pruebas específicas, sus conocimientos teóricos y acredite experiencia práctica. Tampoco olvidemos que la auditoría al ser actividad puede ser ejercida directamente por sociedades, cuando nunca una profesión puede serlo. 
Todas estas razones, hasta donde yo conozco, son las que han motivado que la Ley de creación del Colegio de Catalunya esté recurrida por el Gobierno del Estado ante el Constitucional, y me temo que algo habrá de razón, cuando los afectados tanto insisten en querer aprovechar la modificación de la Ley de Auditoría para pasarla de actividad a profesión.
Me alegra que el Constitucional haya levantado, mientras resuelve el conflicto respecto a la Ley de creación de su Colegio, la suspensión de los estatutos aprobados por los Censores en Catalunya. Ello permite a nuestros colegas seguir trabajando para sus miembros y para la sociedad y esperar hasta que el Tribunal se pronuncie para ver si han de adoptar, o no, medidas para seguir prestando sus valiosos servicios.  
Desde luego, no me atreveré a decir cual debe ser la actitud de la Comunidad Autónoma Valenciana, estoy seguro que estudiaran muy seriamente la situación y sus antecedentes, tendrán el máxima respeto por el ordenamiento jurídico y por los pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y decidirán según el más leal saber y entender de sus máximos representantes. 

EC. ¿Cuáles son los grandes temas que preocupan a los auditores?. ¿Tienen solución?.
J.B. Permítame hablar de retos y no de problemas, responde más a mi visión optimista de la situación. Empiezo por el final: seguro que todos los retos tendrán solución.
El primero es garantizar la calidad de los trabajos. La sociedad lo espera de nosotros. Puedo anunciar en primicia que, juntamente con las otras corporaciones y con el ICAC hemos diseñado y de inmediato empezamos a aplicar un ambicioso plan de control de calidad, ajustado, además, a las recomendaciones de la Unión Europea. 
El segundo es garantizar el acceso a la habilitación de nuevos auditores de cuentas. También hemos puesto las vías para resolver el bloqueo de los exámenes. También anuncio en primicia que, en fechas muy próximas aparecerán las Órdenes Ministeriales convocándolos. Aunque me resulte tentador hacerlo, no adelanto fechas por respeto a los Colegios de Economistas y a las personas que se han formado dentro de nuestra Corporación a los que deseo se informe individualmente con carácter prioritario. Espero, además, que haya quedado establecido un calendario regular de exámenes de acceso para el futuro.  
El tercero es la definición del ámbito de las responsabilidades del auditor. Queremos tener responsabilidad. Sin dudad alguna. Sin ella no existiría la auditoría como la entendemos. Pero, la experiencia ha demostrado que la inconcreción de las normas y la extensión actual de la responsabilidad da lugar a situaciones injustas y absolutamente desproporcionadas. Un reto paralelo es la modificación del régimen sancionador que debe sustituirse por otro basado en criterios más objetivos y justos. 

EC. ¿Cree usted que se establecerán alguna vez incompatibilidades claramente delimitadas entre consultores y auditores?.
J.B. La Ley establece algunos casos de incompatibilidad bien determinados, algunos, incluso, permítame que los califique de absurdos por exagerados. La auditoria deben ejercerla profesionales técnicamente bien formados y absolutamente independientes al opinar. Evidentemente existiría incompatibilidad si una firma es simultáneamente auditora y se encarga de la contabilidad o de la gestión o se halla vinculado por parentesco con los administradores o socios ya que perdería la independencia.
Pero estas delimitaciones no siempre son sencillas y según que servicios han generado dudas, especialmente algunos de consultoría muy cercanos a la gestión y, también, otros que pueden comportar gran proximidad con las decisiones o informaciones confidenciales, como por ejemplo algunas de tipo jurídico o fiscal. Sin duda, se pueden plantear dilemas éticos. Con la regulación actual y según los principios generalmente aceptados, ninguna legislación ha  optado por una incompatibilidad absoluta de los auditores para prestar cualquier otro servicio.
Lo que debemos es ser siempre prudentes y, especialmente en los casos dudosos. Todo pasa por una actitud y una conducta reflexiva y de plena responsabilidad de los auditores y, sobre todo, por la aplicación de rigurosos controles periódicos, internos de las firmas y externos de las corporaciones que garanticen que realmente actuamos libres de condicionantes externos al opinar. En esta línea se pronuncia la reciente resolución de la UE sobre los controles de calidad del trabajo de los auditores, cuya aplicación práctica ya venia haciendo el REA y que, como he dicho, vamos a mejorar, sistematizar e incrementar en nuestros recientemente aprobados planes de control de calidad.

EC. ¿Cómo cree que se resolverá la coexistencia de las tres corporaciones representativas de los auditores?. ¿Se unificarán?. ¿Es deseable?...
J.B. Hasta ahora, las corporaciones no hemos consensuado una solución. Antes he puesto de manifiesto discrepancias técnicas sobre la naturaleza y funciones de las corporaciones y que estas son una de las razones fundamentales que impiden un diálogo fluido. 
Uno de los objetivos de mi mandato, que comparto con el Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, es intentar mejorar estas relaciones, buscar soluciones pactadas y trabajar para resolver los graves problemas que tenemos en común, tanto en su diagnostico como en sus consecuencias con las demás corporaciones. Si hemos de competir entre nosotras, que sea sólo para lograr mayor calidad en los servicios que prestamos.
Si somos capaces de coordinar y poner conjuntamente al servicio de la sociedad las experiencias, el prestigio, la presencia internacional y la capacidad de reflexión e influencia positiva de los censores jurados de cuentas, de los economistas i de los titulados mercantiles, sin duda conseguiremos una Ley de auditoría más justa, más moderna y, sobre todo, más útil a la sociedad. Nuestra voluntad está en esa línea, para ello pensamos trabajar, de manera discreta pero decidida.
La unificación, en ningún caso es un objetivo en si misma, pero no afirmo que no pueda producirse, porqué, sin ser imprescindible, creo sinceramente que podría tener aspectos positivos.  Lo que sí afirmo, es que cualquier posibilidad de unión será consecuencia de la previa cooperación y que, en lo que de mi dependa, no se producirá mientras existan enfrentamientos, agresiones sistemáticas o invasiones de competencias -distintas a las de auditoría que compartimos-  como las que hasta el momento hemos soportado, silenciosamente por cierto, los economistas. 
 
 

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