Número 109 - 1ª Quincena Diciembre
1996.
Número 109 - 1ª Quincena Diciembre
1996.
La propuesta del gobierno del Partido Popular de reformar
el sistema de financiación de las comunidades autónomas ha
provocado una gran polémica, ha generado inquietud y parece lanzada
sin meditar las consecuencias. Ante esta situación, hemos ofrecido
un pacto para garantizar la estabilidad del sistema y animar al gobierno
a negociar. No utilizaremos, el tema de la financiación autonómica
contra el PP, pero el gobierno debe resolver un problema que solo él
ha creado. Nuestra oferta de pacto es consecuencia de la preocupación
por el futuro y por las repercusiones que pueden derivarse del nuevo modelo.
Sin embargo, la respuesta del PP ha sido decepcionante, frívola
e incluso irresponsable. Intenta cerrar rápidamente y sin más
discusión un acuerdo con los nacionalistas que no sabe donde puede
conducirnos.
El debate sobre la financiación autonómica es una cuestión importante. De ello depende, en gran medida, que tengamos iguales oportunidades y que no se agraven los desequilibrios entre los distintos territorios. Cualquier decisión respecto de una comunidad también afecta a las demás. Eso exige un proyecto político para el conjunto del estado, que permita al mismo tiempo, mantener clara la cohesión del conjunto y respetar los hechos diferenciales sin discriminar a nadie.
El modelo pactado por el PP con los nacionalistas vascos y catalanes no es neutral, y por tanto, tendrá repercusiones para todos.
Lo que se pretende, es modificar el sistema actual, para otorgar capacidad normativa a las CC.AA. sobre el porcentaje del 30% que se cederá. Los gobiernos autónomos dispondrán de la capacidad de variar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Así podría producirse un aumento de los desequilibrios entre los individuos, porque posibilitará que personas con las mismas rentas, paguen de forma distinta, dependiendo de su lugar de residencia.
La autonomía normativa y el sistema de financiación sin topes, puede crear diferencias insoportables a medio plazo entre unas comunidades y otras, para la prestación de los mismos servicios.
La bajada de impuestos en determinadas zonas provocaría, además, la aparición de paraísos fiscales. Si se transfiere a las CC.AA. la capacidad normativa de los impuestos indirectos, puede romperse la unidad fiscal.
No parece muy lógico que pidamos la armonización fiscal en Europa, para que funcione como un mercado interior sin fronteras y que desarmonicemos fiscalmente España.
En este sentido, también la decisión de bajar el impuesto de sociedades en Euskadi y Navarra, crea una situación insostenible, denunciada incluso por presidentes autonómicos del PP en las comunidades limítrofes de esos territorios.
Ni siquiera se conoce la concreción real del nuevo sistema de financiación autonómica en muchos aspectos y no se sabe cuanto corresponderá a cada comunidad.
La pregunta central ya planteada en el debate de investidura de Aznar por Felipe González, fue cuál será el coste de la financiación para cada autonomía con el nuevo modelo. Seis meses después, durante el debate presupuestario, ha repetido la pregunta y sigue sin respuesta. Esta situación se da por primera vez desde que funciona la financiación autonómica.
Tampoco hay razón alguna para pensar que con el cambio de modelo de financiación se modifique la discriminación que sufre la Comunidad Valenciana. Esta situación, ya fue denunciada reiteradamente por el anterior Consell, en diversas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Recientemente, el jefe del ejecutivo valenciano intervino en el Senado, lamentablemente lo hizo de forma partidista y no como presidente de la Generalitat Valenciana. Se limitó a repetir las posiciones de su partido. Todavía no ha dicho ni lo que vamos a recibir los valencianos con el nuevo modelo de financiación del PP, ni lo que va a costar de más ese modelo a todos los españoles. No dio ni una sola razón por la que el nuevo sistema propuesto por el PP sea mejor para los valencianos.
Además, es difícil entender que declarara que la Comunidad Valenciana está discriminada en el tema de inversiones. Ahora, el PP está en el gobierno. La solución que han dado a este problema ha sido reducir las inversiones que recibíamos del estado a la mitad. De 40.000 millones en el último presupuesto socialista, a 20.000 del primer presupuesto del PP. Lamentablemente, la Generalitat Valenciana se ha convertido en un despersonalizado apéndice de la estrategia de Aznar.
Es necesario, defender la cohesión dentro del estado de las autonomías, con respecto a los hechos diferenciales y garantizando la igualdad de oportunidades de todas las personas y territorios de España.
Hay que llegar a un acuerdo para establecer un modelo sólido y estable de financiación de las Comunidades. Por otro lado, habría que tender a igualar en lo básico las competencias de la CC.AA. En este acuerdo, deben incluirse también a las Corporaciones locales, acordándose las competencias de cada nivel político y cómo se financiarán.
El equilibrio presupuestario es esencial, y todas las administraciones deben colaborar a la consecución de este objetivo. El Estado, cobra los impuestos y las CC.AA. se limitan a gastar. Se han descentralizado gran parte de las competencias, pero no los ingresos. Esta situación, fomenta en algunos casos, la irresponsabilidad y origina permanentes conflictos entre administraciones.
El Estado, debe ser el garante de la cohesión y de la solidaridad entre los distintos territorios. Estas, deben conseguirse mediante la progresividad de los ingresos, es decir, las comunidades más ricas, son las que deben aportar más recursos.
El Estado debe garantizar la igualdad per cápita en el gasto. La administración central, debe procurar los mismos servicios, con independencia del nivel de renta de la Comunidad en la que opere.
Además, los fondos especiales de redistribución de la inversión, los fondos de compensación interterritorial y los programas operativos de la Unión Europea, cumplen unas funciones imprescindibles para garantizar la cohesión territorial.
El Estado, podría ceder con menos problemas a las comunidades autónomas, diversos impuestos que gravan el gasto y no la renta, ya que el consumo se distribuye mucho más homogéneamente que la renta. Las comunidades, podrían subir o bajar estos impuestos, para obtener más o menos recursos, sin afectar sensiblemente la distribución de la actividad económica.
Los impuestos progresivos como el IRPF, deben quedar en manos del Estado como instrumento para hacer efectiva la solidaridad.
Es necesario un Fondo de Nivelación de Servicios. Cuando se transfirieron los servicios del Estado a las CC.AA., se hizo con los recursos que costaba su mantenimiento en ese momento. Pero existían diferencias históricas entre las diversas comunidades, en la dotación y en la prestación de servicios. Los valencianos, tenemos en varios de los servicios, menores dotaciones de las que nos corresponderían, por ejemplo, en materia educativa. Por esa razón, la Comunidad Valenciana, siempre reivindicó este fondo.
La financiación de las comunidades autónomas, es un tema crucial para determinar nuestro futuro. Desde nuestra responsabilidad, ofrecemos nuestra aportación para conseguir un amplio acuerdo sin exclusiones. No es sensato, variar el actual modelo, sin un consenso suficiente. Si es así, podría cambiarse en función del partido que gobierne. Tampoco sería razonable que acabara siendo el Tribunal Constitucional, el que al final resolviera sobre los límites del nuevo sistema, para no llegar a la discriminación entre los ciudadanos.
La oferta de diálogo que realizamos, es para un acuerdo sin exclusiones. No se trata de un gran pacto de estado, ni una gran coalición contra los nacionalistas. En los pactos del PO con CiU, PNV y CC hace falta transparencia. Lo verdaderamente necesario es un acuerdo que garantice claridad y estabilidad, además de justicia. Comunidades y ciudadanos deben saber cuál es su costo y cuál es la distribución que el sistema propone. El PSOE y el PP, deben ser el núcleo mínimo del pacto, pero en él, debe incluirse al nacionalismo moderado. Esto es fundamental, no sólo por aritmética parlamentaria, sino porque representan unos intereses muy serios para la articulación del estado, que sería positivo integrar.
Ahora, esperamos, una reacción basada en la sensatez y el interés general.
Joan Lerma Secretario General PSPV
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