La reforma de la Ley de Auditoría deberá esperar a que se pronuncie el subcomité técnico creado en Bruselas con el fin de estudiar un nuevo marco legal para los auditores en la Unión Europea. El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Fernando González-Moya, escribió al ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, pidiéndole el aplazamiento de cualquier decisión mientras los cambios que se van a introducir en la normativa europea no se conozcan. Finalmente, el Gobierno decidió aguardar a las conclusiones que del citado subcomité europeo se alcancen.
El pasado día 20 de mayo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó una proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas, con el fin de adaptarla a las disposiciones comunitarias dictadas sobre la materia. Aspectos como la independencia del auditor, la regulación de su secreto profesional o su responsabilidad eran algunas de las cuestiones planteadas en la citada proposición no de Ley.
Con fecha 26 de mayo, presentó una enmienda a dicha proposición no de Ley el Grupo Parlamentario Vasco, en la que, manteniendo la finalidad anterior, incorporaba la unificación de las corporaciones profesionales y la homologación de estas actividades con las de los países de la Comunidad Europea, solicitando que dicho proyecto de Ley se presentara en el plazo de seis meses.
El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Fernando González-Moya, tuvo conocimiento inmediato de la presentación de la citada proposición no de Ley de Convergència i Unió, así como de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, de tal manera que tras informar al Pleno del Consejo, celebrado el pasado 4 de junio, se acordó hacer pública su postura en contra de la reforma de la Ley de Auditoría en los términos propuestos en la proposición no de Ley, y dirigirse al Gobierno exponiéndole las razones del Consejo para solicitar que no apoyara la misma.
La oposición del Consejo se basa, no en el contenido técnico a que hacen referencia los grupos parlamentarios antes citados, sino en la supuesta necesidad de adaptar la ley de auditoría española a los cambios que se han introducido en la normativa europea desde su aprobación en julio de 1988, como subrayaba Convergéncia i Unió, cuando "es público y notorio que desde esa fecha la Comunidad Europea no ha dictado normativa alguna en la materia", tal y como expuso en su escrito al ministro de Economía y Hcienda, Rodrigo Rato, el presidente de la institución colegial. Siendo que, además, la Comisión Europea ha abierto un período de reflexión y debate sobre el futuro de la auditoría en Europa y la homologación de las prácticas de los profesionales que ejercen dicha actividad, "no parece prudente y razonable, afrontar una reforma sustancial de la citada Ley, en contra de los interese mayoritarios del sector, intentando anticiparnos a los resultados del debate europeo todavía desconocido", prosigue González-Moya, quien finaliza su carta a Rodrigo Rato transmitiéndole el acuerdo del Pleno del Consejo General de Economistas -entidad que agrupa al 52% de los ejercientes de esta actividad profesional- de oponerse a las citadas proposiciones no de Ley, "por considerarlas inoportunas y faltas de motivación, y en todo caso, contrarias al deseo de los sectores afectados".
Posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular y Coalición Canaria presentaban una nueva enmienda en la que si bien apoyan la solicitud al Gobierno para que presente un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas, lo supedita a conocer y estudiar las conclusiones del subcomité técnico que estudia en el seno de la Comunidad Europea el Libro Verde sobre auditoría.
El pasado día 24 de junio, la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso aprobó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, recogiendo en lo sustancial las modificaciones propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y Coalición Canaria.
Finalmente, el pasado mes de julio se recibió en la sede del Consejo General de Economistas la respuesta de Rodrigo Rato en el que le participa a González-Moya que "...encuentro razonable, hallándose abierto un período de reflexión y debate en el seno de la Unión Europea sobre el futuro de la auditoría en España, aguardar a las conclusiones que en dicho foro se alcancen para acometer, en su caso, las reformas sustanciales que fueren necesarias en la normativa de auditoría de cuentas, sin perjuicio de que, mientras tanto, reformas parciales de dicha Ley en sus aspectos técnicos pudieran, de considerarse oportuno, ser acometidas."