Número 165
- 1ª Quincena Julio 1999.
LA FIRMA DIGITAL, A PUNTO DE ENTRAR EN VIGOR A los internautas españoles nos queda poco para empezar a utilizar la famosa firma digital, es decir, un carné de identidad que nos sirva para hacer gestiones a través de Internet. Hace pocas fechas, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, anunció que el próximo Consejo de Ministros estudiará la futura ley que regulará la firma electrónica.
Lo importante de esta iniciativa es que supone el despegue del comercio electrónico y la teleadministración. Los usuarios de la firma digital tendrán una tarjeta, del tamaño de las de crédito y también de plástico, en la que estará reflejado su nombre o seudónimo, el NIF, la entidad que certifica y legitima la firma, el periodo de validez del certificado y los límites de uso si los hubiera.
Para utilizar dicha tarjeta hará falta un lector especial, que en estos momentos no tiene ninguno de los ordenadores que utilizamos en casa. No obstante, y hasta que los grandes de la informática saquen al mercado máquinas que incorporen el dispositivo, se puede comprar el aparato por separado, a un precio que oscila entre las 5.000 y las 7.000 pesetas, y acoplarlo al ordenador. Después, sólo hay que meter la tarjeta en el lector, introducir una clave, como hacemos en el cajero automático o en los teléfonos móviles, y entrar en el ciberespacio con nombre y apellidos.
Con este innovador medio de pago se abren innumerables posibilidades de negocio, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que podrán ampliar su cuota de mercado gracias a la seguridad en las transacciones económicas. Así, por exempla, un comerciante de Valencia que no tenga sucursal en Inglaterra, podrá vender a este país cualquiera de sus productos de manera inmediata.
La Ley de Firma Electrónica equipara la rúbrica digital a la manuscrita y, por ello, prevé la creación de un Registro de Prestadores del Servicio de Certicación que den veracidad a los datos y las identidades electrónicos. En principio, cualquiera puede optar a ser entidad certificadora, aunque hay que cumplir algunos requisitos, sobre todo económicos.