Organizado por el Registro de Economistas Auditores (REA) y por el Colegio de Economistas de Madrid y bajo el lema “La auditoría y la economía financiera del siglo XXI al servicio de la sociedad”, tuvo lugar en Madrid, los pasados 28, 29 y 30 de octubre, el Congreso Nacional de Auditoría y Economía Financiera. La convocatoria contó con la participación de alrededor de 450 asistentes y cumplió con el objetivo de analizar las reformas legislativas previstas y el nuevo entorno profesional del economista auditor de cuentas.

  El Congreso fue inaugurado Cristóbal Montoro, Secretario de Estado de Economía, al que acompañaban Manuel Lagares, que el mismo día 28 tomaba posesión de su cargo como decano del Colegio de Economistas de Madrid; José Luís Díez, presidente del REA; Fernando González-Moya, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, y Enrique Fuentes Quintana, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que pronunció la conferencia inaugural.

  Fernando González-Moya destacó en su intervención el compromiso que los economistas tenemos con la sociedad que nos formó y a la que debemos  unos servicios de calidad; una formación que nos caracteriza y nos diferencia, respecto de otros profesionales con los que compartimos algunas de nuestras actividades profesionales.

  Fuentes Quintana puso de relieve en su conferencia la importancia que la Contabilidad Nacional, la Auditoría, y el Análisis Económico-Financiero han tenido en los grandes avances económicos acaecidos en España a partir de los años 60. En su opinión, el horizonte que nos aguarda es muy optimista aunque existen algunos riesgos que habrá que afrontar en los próximos años.

  La mesa “Auditoría y Sector Público” contó con la intervención de José Barea, Catedrático emérito de Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, que explicó qué se entiende por sector público  en materia de auditoria, y la importancia de que el principal agente económico del país esté auditado. Es necesario, para esto, la colaboración de la auditoría privada y la pública y, por tanto, una formación específica para no aplicar métodos privados y trasladarlos directamente al sector público. Hizo hincapié, asimismo, en la importancia de la evaluación expost de las políticas públicas, un campo no explotado que deberá comenzar a cultivarse.

  Para analizar el “Entorno legal del auditor” se contó con la intervención de Rafael Cámara, diputado y miembro de la subcomisión de análisis y estudio de la problemática del auditor de cuentas y su actividad, que afirmó que la reforma de la ley de Auditoría deberá esperar a los pronunciamientos de la Unión Europea, pero que no obstante, existen algunos problemas en España de urgente resolución. A continuación, Karen Van Hulle, de la European Comission Directorate General XV, defendió la necesidad de armonizar los estándares europeos y de que la garantía de calidad fuera equivalente en todos los Estados Miembros. La globalización es un desafío y una oportunidad. Finalmente, Antonio Gómez Ciria, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se mostró de acuerdo en que no se podía legislar de manera individual, sino armonizadamente, sobre todo en temas como el control de calidad, las normas técnicas, el modelo de informe, la responsabilidad, o la independencia. Asimismo, realizó  algunas propuestas sobre aquellos puntos que debían reformarse a nivel nacional, como los exámenes de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), la formación Continuada o la tipificación de las faltas.

  El Congreso ofreció otras mesas de contenido técnico como la de “Auditoría y tecnología”, “Los nuevos retos de la auditoría”,  “Salidas a Bolsa”, “Valoración de empresas” o “El gobierno de las sociedades”, mesa en la que Manuel Olivencia, presidente de la Comisión Especial para el estudio de un Código Etico de los Consejos de Administración de Sociedades, explicó las líneas fundamentales del Código de Buen Gobierno y los principios que lo rigen.
“Contabilidad y Siglo XXI”, contó con una ponencia de Begoña Giner, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, y miembro del COEV, sobre “Estado actual y perspectivas de la normativa contable internacional para el próximo milenio”.  De forma paralela se desarrollaron la de “Auditoría y fiscalidad” y “La Reforma de la Ley Concursal”, mesa ésta última en la que Fernando González-Moya, miembro de la Comisión de Codificación, comentó que la reforma está resultando muy compleja por la gran cantidad de profesionales a los que afecta, pero confiaba en que finalmente viera la luz. Hizo a continuación un resumen de las propuestas que, como Consejo General de Economistas, se habían realizado, alguna de las cuales serían incluidas en el texto definitivo.

  El Congreso se clausuró con la exposición, por parte del presidente del REA, de la propuesta de los economistas auditores sobre la reforma de la Ley de Auditoría.

José Luís Díez destacó los temas prioritarios a reformar en una ley que, valorada en su conjunto y con una importante repercusión en la información contable y el tráfico mercantil, tras 11 años se ve necesitada de algunas modificaciones en interés de la sociedad y de los  profesionales. No  obstante, en su opinión, el momento no es el adecuado, con una legislatura prácticamente agotada y un proyecto europeo no  finalizado.

  Mantener la actual configuración de la auditoría como una actividad profesional conforme al modelo predominante en Europa, elevar la formación de las personas que quieran acceder a la misma, garantizar la calidad de la auditoría legal de cuentas, mantener un órgano estatal supervisor potenciado con la participación de las corporaciones, ceder parte de las actuales competencias de las corporaciones, delimitar la responsabilidad de los profesionales, velar por la independencia y por el cumplimiento de las normas éticas, y garantizar que los profesionales habilitados para el ejercicio de la auditoría, cuando ejerzan otras actividades profesionales, no lo hagan en su condición de auditores, son las condiciones que han servido de base a la confección de la propuesta de reforma de la Ley de Auditoría.

  Punto fundamental de la reforma es la transformación del ICAC en un ente público y la configuración del órgano de dirección de este Instituto como un órgano colegiado participado por representantes de la Administración, de las corporaciones de auditores y expertos contables, de los usuarios y por independientes de reconocido prestigio. Las competencias de este nuevo ente serían totales en materia de examen de acceso, homologación de la formación necesaria, registro oficial de auditores de cuentas, control técnico y de calidad, y emisión de normas contables y de auditoría.

  La propuesta establece también las condiciones de habilitación para el ejercicio de la auditoría, con un examen único y una formación mínima necesaria de titulación universitaria en materias de ciencias económicas o empresariales.
Asimismo, recoge modificaciones respecto a la delimitación de la responsabilidad, en la tipificación de las faltas, en la escala de sanciones y en algunos aspectos concretos del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.