Número 205 - 2ª Quincena Mayo de 2001.

González Cepeda: "La Ciudad de la Justicia va a propiciar una clara mejora en la Administración de Justicia"
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas se considera "tremendamente satisfecho y orgulloso por ser uno de los primeros colegiados"

Carlos González Cepeda, economista -se colegió en 1979- que siempre que puede manifiesta su orgullo en decirlo ("a partir de ahora, gritaré mucho más alto que soy economista", dijo en el 25 aniversario del COEV, en 1996), que trabajó en la empresa privada hasta 1992, ha labrado su carrera política con discreción, estando en la actualidad al frente de una consellería difícil, además de dual: Justicia y Adminsitraciones Públicas, tras haber sido delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana entre 1996 y 2000. Aunque la labor del político y la del economista parezcan incompatibles, lean la respuesta a la primera pregunta, y a toda esta entrevista también, y observarán cómo no es verdad.

ECONOMISTES. La Justicia es la institución pública peor considerada por el ciudadano español, en gran parte por aquello de que “la Justicia lenta no es Justicia”. ¿Qué puede hacer un economista como usted para que la Justicia sea rápida e inmediata? 

CARLOS GONZALEZ CEPEDA. Mi formación académica me permite aplicar principios de racionalización para el aprovechamiento de los medios, pero mi experiencia política me dice que no es bueno actuar de una forma intervencionista en estos asuntos ya que son los propios profesionales de la Justicia los que mejor saben cómo agilizar los procesos judiciales. 
Es cierto que nuestra sociedad demanda un modelo de justicia más ágil y eficaz, pero también es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años y que la Generalitat Valenciana está haciendo un gran esfuerzo dentro del ámbito de sus competencias.
Podríamos hablar de la construcción de las Ciudades de la Justicia de Valencia, Alicante, Castellón y Elche, sin olvidar el importante número de poblaciones valencianas que se dotarán con nuevos Palacios de Justicia o que verán mejorados los ya existentes, o de la creación de los Institutos de Medicina Legal, o del gran progreso en la informatización de la justicia.

EC. ¿Cómo se está desarrollando la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil? ¿Está la administración valenciana lo suficientemente dotada para atender las necesidades de la nueva LEY? 

CGC. Las dotaciones, como todo en la vida, siempre son mejorables, o lo que es lo mismo, siempre son insuficientes. Lo importante es ver la perspectiva histórica de cómo estábamos y como estamos y  mantener el clima de colaboración entre el ministerio fiscal y la administración que requiere en este caso la aplicación de una nueva Ley. Desde ese punto de vista  podemos valorar positivamente el presente y afrontar el futuro con garantías de éxito. De hecho, en sus primeros meses de aplicación ya se han puesto a disposición de todos los órganos judiciales los medios audiovisuales necesarios, se han reestructurado y reforzado los llamados servicios comunes como las dependencias Prop del Decanato y los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos, y se sigue avanzando en la adecuada informatización de los referidos órganos judiciales.
Además, la nueva Ley ha requerido la organización de alrededor de 30 nuevos cursos de formación para jueces, secretarios judiciales y demás funcionarios de la Administración de Justicia que se añaden a los organizados con ámbito nacional.

EC. ¿Cuándo se crearán los nuevos juzgados especializados en materias económicas? ¿Será precisa una formación especializada del juez en materias económicas? 

CGC. El Ministro de Justicia apuntó la posibilidad de crear órganos judiciales especializados en materias económicas en aquellas localidades con un determinado índice de conflictividad en la materia, y en concreto, hacía referencia a Juzgados Mercantiles y sus correspondientes Salas o Secciones Mercantiles. Cuando se concrete esta idea, que en principio no debería provocar ningún rechazo, se tendrán que poner en marcha los programas de formación específica que requiere esta materia, como se han puesto en marcha otros cursos de formación de materias tan diversas como el narcotráfico, la violencia doméstica o las nuevas tecnologías.

EC. ¿En qué medida afectará la Ciudad de la Justicia a la mejora de la Administración de Justicia? ¿Es cierto que está sirviendo de modelo para otras comunidades?

 Entiendo que la Ciudad de la Justicia de Valencia, como las otras a las que ya he hecho antes alusión, va a propiciar una clara mejora en la Administración de Justicia por varias razones: se concentrarán en una sola sede los órganos judiciales, permitiendo un acceso más fácil a los ciudadanos y profesionales de la justicia y un ahorro en costos de mantenimiento, aumentará significativamente la superficie a disposición de los órganos judiciales, lo que permitirá una mayor dotación de salas de vistas y una mejor organización de la oficina judicial, y mejorará también la seguridad del edificio judicial y de todos sus usuarios.
En este proyecto, como en otros impulsados  por el presidente Zaplana, esta comunidad está sirviendo de modelo, y la prueba es la reciente visita del Conseller de Justicia de Cataluña, precisamente para conocer de primera mano este proyecto y su progreso.

EC. ¿Cuándo entrará en funcionamiento?

CGC. Se prevé que esté terminada dentro del año 2003. Este es el cálculo con el que trabajamos y estamos convencidos de poder conseguirlo.

EC. En el proyecto de reglamento de la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana se contempla, en su artículo tres –hacia el que el COEV ha mostrado su rechazo a través de la Unión Profesional-, la ampliación del concepto de Colegio Profesional a aquellas actividades que tengan una reserva concedida por la administración. ¿No están convirtiendo a los Colegios Profesionales en una especie de cajón de sastre donde tengan cabida todas las posibles actividades reglamentadas por la administración?

CGC. Como se imaginará, nuestra intención no es exactamente esa. El artículo citado, que se encuentra todavía en fase de elaboración, no hace sino recoger el criterio jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional al prever la posibilidad de reconocer Colegios Profesionales no sólo en el supuesto de profesiones tituladas que requieren para su ejercicio estar en posesión de un determinado título académico, sino también en aquellos otros supuestos en los que el propio interés público de garantizar el adecuado ejercicio de una determinada profesión ha hecho necesaria su regulación por ley. Desde este punto de vista, es impensable que este futuro Reglamento pueda permitir la creación de cualquier Colegio Profesional, ya que será el interés público, como recoge la Ley, la razón fundamental que justifique la creación de futuros colegios. Y la administración, precisamente, debe regirse por el interés público y adecuar las leyes a este principio adecuándolas además a las nuevas demandas sociales. 

EC. ¿No le parece que los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la ley catalana de creación del Colegio del Censor o la opinión del propio Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana sobre la proliferación de Colegios Profesionales son argumentos que deberían prevalecer antes de continuar creando nuevos colegios?
 

CGC. Aunque no recuerdo que el Consejo Jurídico Consultivo se haya pronunciado sobre este particular en ese sentido ni coincida en la premisa de la pregunta, le recuerdo lo que antes planteaba; un gobierno legisla en función del interés público y de las nuevas demandas sociales. Usted, como economista lo entiende perfectamente, como yo entiendo sus reticencias a la creación de nuevos colegios. Lo que le puedo asegurar en esta materia es que siempre se ha respetado y se respetará el marco legal constituido por la Constitución, la Ley estatal de Colegios Profesionales, la Ley 2/1974 de 13 de febrero y sus sucesivas modificaciones, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1997 de 4 de diciembre de Consejos y Colegios Profesionales, etcétera, etcétera. 
Quizá lo que ha ocurrido es que con el gobierno del Partido Popular se han abierto los cauces adecuados para el desarrollo normal de las profesiones colegiadas, y esto ha podido producir inicialmente una cierta concentración de supuestos de creación de Colegios Profesionales que no tiene por qué seguir al mismo ritmo en el futuro. 

EC. ¿Qué opinión le merece el Colegio de Economistas a un colegiado que lleva 22 años perteneciendo a él? 

CGC. A pesar de las diferencias que tenemos sobre la cuestión anterior (risas), sólo puedo decir que estoy tremendamente satisfecho y orgulloso de ser uno de los primeros colegiados y de comprobar la vitalidad y la combatividad que mantiene en la actualidad. Los más jóvenes, y los colegiados que estén por llegar, deben concederle una gran importancia a la colegiación. En mi actual responsabilidad pública intentamos casar los intereses de más de 400 colegios profesionales, y aunque la tarea, como se imaginará no es fácil, ni es la única, los colegios profesionales en general, y el colegio de Economistas en particular siempre tendrán en mí un colaborador y un amigo. 
 
 

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