El conseller de Justicia
y Administraciones Públicas se considera "tremendamente satisfecho
y orgulloso por ser uno de los primeros colegiados"
Carlos González
Cepeda, economista -se colegió en 1979- que siempre que puede manifiesta
su orgullo en decirlo ("a partir de ahora, gritaré mucho más
alto que soy economista", dijo en el 25 aniversario del COEV, en 1996),
que trabajó en la empresa privada hasta 1992, ha labrado su carrera
política con discreción, estando en la actualidad al frente
de una consellería difícil, además de dual: Justicia
y Adminsitraciones Públicas, tras haber sido delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana entre 1996 y 2000. Aunque la labor del político
y la del economista parezcan incompatibles, lean la respuesta a la primera
pregunta, y a toda esta entrevista también, y observarán
cómo no es verdad.
ECONOMISTES. La Justicia
es la institución pública peor considerada por el ciudadano
español, en gran parte por aquello de que “la Justicia lenta no
es Justicia”. ¿Qué puede hacer un economista como usted para
que la Justicia sea rápida e inmediata?
CARLOS GONZALEZ CEPEDA.
Mi formación académica me permite aplicar principios de racionalización
para el aprovechamiento de los medios, pero mi experiencia política
me dice que no es bueno actuar de una forma intervencionista en estos asuntos
ya que son los propios profesionales de la Justicia los que mejor saben
cómo agilizar los procesos judiciales.
Es cierto que nuestra sociedad
demanda un modelo de justicia más ágil y eficaz, pero también
es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años y
que la Generalitat Valenciana está haciendo un gran esfuerzo dentro
del ámbito de sus competencias.
Podríamos hablar
de la construcción de las Ciudades de la Justicia de Valencia, Alicante,
Castellón y Elche, sin olvidar el importante número de poblaciones
valencianas que se dotarán con nuevos Palacios de Justicia o que
verán mejorados los ya existentes, o de la creación de los
Institutos de Medicina Legal, o del gran progreso en la informatización
de la justicia.
EC. ¿Cómo
se está desarrollando la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil? ¿Está la administración valenciana lo suficientemente
dotada para atender las necesidades de la nueva LEY?
CGC. Las dotaciones,
como todo en la vida, siempre son mejorables, o lo que es lo mismo, siempre
son insuficientes. Lo importante es ver la perspectiva histórica
de cómo estábamos y como estamos y mantener el clima
de colaboración entre el ministerio fiscal y la administración
que requiere en este caso la aplicación de una nueva Ley. Desde
ese punto de vista podemos valorar positivamente el presente y afrontar
el futuro con garantías de éxito. De hecho, en sus primeros
meses de aplicación ya se han puesto a disposición de todos
los órganos judiciales los medios audiovisuales necesarios, se han
reestructurado y reforzado los llamados servicios comunes como las dependencias
Prop del Decanato y los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos,
y se sigue avanzando en la adecuada informatización de los referidos
órganos judiciales.
Además, la nueva
Ley ha requerido la organización de alrededor de 30 nuevos cursos
de formación para jueces, secretarios judiciales y demás
funcionarios de la Administración de Justicia que se añaden
a los organizados con ámbito nacional.
EC. ¿Cuándo
se crearán los nuevos juzgados especializados en materias económicas?
¿Será precisa una formación especializada del juez
en materias económicas?
CGC. El Ministro de
Justicia apuntó la posibilidad de crear órganos judiciales
especializados en materias económicas en aquellas localidades con
un determinado índice de conflictividad en la materia, y en concreto,
hacía referencia a Juzgados Mercantiles y sus correspondientes Salas
o Secciones Mercantiles. Cuando se concrete esta idea, que en principio
no debería provocar ningún rechazo, se tendrán que
poner en marcha los programas de formación específica que
requiere esta materia, como se han puesto en marcha otros cursos de formación
de materias tan diversas como el narcotráfico, la violencia doméstica
o las nuevas tecnologías.
EC. ¿En qué
medida afectará la Ciudad de la Justicia a la mejora de la Administración
de Justicia? ¿Es cierto que está sirviendo de modelo para
otras comunidades?
Entiendo que la Ciudad
de la Justicia de Valencia, como las otras a las que ya he hecho antes
alusión, va a propiciar una clara mejora en la Administración
de Justicia por varias razones: se concentrarán en una sola sede
los órganos judiciales, permitiendo un acceso más fácil
a los ciudadanos y profesionales de la justicia y un ahorro en costos de
mantenimiento, aumentará significativamente la superficie a disposición
de los órganos judiciales, lo que permitirá una mayor dotación
de salas de vistas y una mejor organización de la oficina judicial,
y mejorará también la seguridad del edificio judicial y de
todos sus usuarios.
En este proyecto, como en
otros impulsados por el presidente Zaplana, esta comunidad está
sirviendo de modelo, y la prueba es la reciente visita del Conseller de
Justicia de Cataluña, precisamente para conocer de primera mano
este proyecto y su progreso.
EC. ¿Cuándo
entrará en funcionamiento?
CGC. Se prevé
que esté terminada dentro del año 2003. Este es el cálculo
con el que trabajamos y estamos convencidos de poder conseguirlo.
EC. En el proyecto de
reglamento de la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana
se contempla, en su artículo tres –hacia el que el COEV ha mostrado
su rechazo a través de la Unión Profesional-, la ampliación
del concepto de Colegio Profesional a aquellas actividades que tengan una
reserva concedida por la administración. ¿No están
convirtiendo a los Colegios Profesionales en una especie de cajón
de sastre donde tengan cabida todas las posibles actividades reglamentadas
por la administración?
CGC. Como se imaginará,
nuestra intención no es exactamente esa. El artículo citado,
que se encuentra todavía en fase de elaboración, no hace
sino recoger el criterio jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo como
del Tribunal Constitucional al prever la posibilidad de reconocer Colegios
Profesionales no sólo en el supuesto de profesiones tituladas que
requieren para su ejercicio estar en posesión de un determinado
título académico, sino también en aquellos otros supuestos
en los que el propio interés público de garantizar el adecuado
ejercicio de una determinada profesión ha hecho necesaria su regulación
por ley. Desde este punto de vista, es impensable que este futuro Reglamento
pueda permitir la creación de cualquier Colegio Profesional, ya
que será el interés público, como recoge la Ley, la
razón fundamental que justifique la creación de futuros colegios.
Y la administración, precisamente, debe regirse por el interés
público y adecuar las leyes a este principio adecuándolas
además a las nuevas demandas sociales.
EC. ¿No le parece
que los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la
ley catalana de creación del Colegio del Censor o la opinión
del propio Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana
sobre la proliferación de Colegios Profesionales son argumentos
que deberían prevalecer antes de continuar creando nuevos colegios?
CGC. Aunque no recuerdo
que el Consejo Jurídico Consultivo se haya pronunciado sobre este
particular en ese sentido ni coincida en la premisa de la pregunta, le
recuerdo lo que antes planteaba; un gobierno legisla en función
del interés público y de las nuevas demandas sociales. Usted,
como economista lo entiende perfectamente, como yo entiendo sus reticencias
a la creación de nuevos colegios. Lo que le puedo asegurar en esta
materia es que siempre se ha respetado y se respetará el marco legal
constituido por la Constitución, la Ley estatal de Colegios Profesionales,
la Ley 2/1974 de 13 de febrero y sus sucesivas modificaciones, el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la Ley de la Generalitat
Valenciana 6/1997 de 4 de diciembre de Consejos y Colegios Profesionales,
etcétera, etcétera.
Quizá lo que ha ocurrido
es que con el gobierno del Partido Popular se han abierto los cauces adecuados
para el desarrollo normal de las profesiones colegiadas, y esto ha podido
producir inicialmente una cierta concentración de supuestos de creación
de Colegios Profesionales que no tiene por qué seguir al mismo ritmo
en el futuro.
EC. ¿Qué
opinión le merece el Colegio de Economistas a un colegiado que lleva
22 años perteneciendo a él?
CGC. A pesar de las
diferencias que tenemos sobre la cuestión anterior (risas), sólo
puedo decir que estoy tremendamente satisfecho y orgulloso de ser uno de
los primeros colegiados y de comprobar la vitalidad y la combatividad que
mantiene en la actualidad. Los más jóvenes, y los colegiados
que estén por llegar, deben concederle una gran importancia a la
colegiación. En mi actual responsabilidad pública intentamos
casar los intereses de más de 400 colegios profesionales, y aunque
la tarea, como se imaginará no es fácil, ni es la única,
los colegios profesionales en general, y el colegio de Economistas en particular
siempre tendrán en mí un colaborador y un amigo.