En el marco de la
tercera edición del "Master Universitario en Dirección y
Gerencia Pública", de la Universidad Politécnica de Valencia,
el ex director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno y catedrático
emérito de Hacienda Pública de la Universidad Autónoma
de Madrid, José Barea Tejeiro, impartió, el pasado martes,
día 7 de marzo, una interesante y completísima conferencia
titulada "El Estado del Bienestar en el futuro y su nueva gestión
pública". Además, el polémico ex-ministro de Economía
concedió unos minutos a ECONOMISTES contestando a nuestras preguntas
y aclarando su postura frente a diversas cuestiones de actualidad que se
enmarcan en la actual coyuntura económica.
En su intervención,
el profesor Barea se refirió insistentemente al concepto de eficiencia
y denunció que “la gestión y la organización pública
continúa con los mismos esquemas del siglo XIX”. En la medida de
lo posible, el profesor expuso la necesidad de estudiar y valorar las transferencias
de servicios para contribuir a la competitividad entre el sector público
y el privado.
¿Qué carencias
son más evidentes en el servicio de la Administración Pública?
Tiene una mentalidad burocrática.
En el 82, el PSOE tenía en su programa la mejora de la Administración
Pública para dar mejores servicios. Después de 14 ó
16 años se sigue con la misma mentalidad burocrática y decimonónica
que regía antes de que llegara el PSOE. También el PP lo
dijo y tampoco ha hecho nada. Los principios de eficiencia no han calado
todavía y esa es una de las asignaturas pendientes y más
urgente para que el sector público funcione bien".
¿En qué medida
influye el entorno demográfico en los sistemas de protección
social?
El envejecimiento de la
población tiene una fuerte incidencia en la protección social
que absorbe, cada vez, un porcentaje mayor del PIB. Así, en términos
constantes y exclusivamente debido a la evolución demográfica,
el gasto se incrementará hasta el 2050 en el 30%".
Actualmente el 57% ó
el 58% del gasto se dedica a protección social y las previsiones
apuntan a una tasa de crecimiento elevada en torno a un 3,4% ó 3,5%".
Según reza un reciente informe europeo, en cuatro años
la población totalmente activa va a empezar a caer en España.
La necesidad de mano de obra que tendremos en un futuro no muy lejano,
si queremos mantener nuestra capacidad productiva, exigirá un proceso
fuerte de adaptación, y tendrá altos costes en vivienda,
sanidad, etc. para toda esta población.
¿Cuáles son
los retos más importantes que plantea el Estado del Bienestar?
Desde mi punto de vista,
los más importantes son el demográfico, el de equidad y el
del nuevo entorno macroeconómico.
Respecto a la falta de equidad
(proporcionalidad), hay que tener en cuenta su fuerte incidencia sobre
el gasto en las pensiones, al haberse utilizado el sistema como un instrumento
de redistribución de la renta y no como lo que es: un instrumento
para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro, en el
ciclo vital de una persona. Así, una de las consecuencias de esta
falta de equidad y del desequilibrio demográfico es la fuerte deuda
implícita e invisible equivalente al 217% del PIB.
Los principios básicos
del nuevo Estado del Bienestar deben dotarse de una organización
basada en la eficiencia y la equidad, que introduzca criterios de mercado
(principio de asunción de responsabilidades por los ciudadanos),
cubra los nuevos riesgos (derivados de los jóvenes que no consiguen
entrar en el mercado de trabajo o de las personas mayores de 50 años
que quedan en paro...). Asimismo, debe asumir la distinción entre
prestaciones contributivas y no contributivas y, dentro de estas últimas,
las que se articulan mediante el suministro de servicios y las que consisten
en prestaciones monetarias. Además, el nuevo Estado del Bienestar
debe tener una delimitación clara del nivel de gobierno con competencia
en cada una de las prestaciones y, por último, fomentar la cobertura
privada de los riesgos incluidos en la protección social a través
de incentivos fiscales, lo que requiere la fijación previa de los
niveles de cobertura pública en cada prestación.
¿Es el pleno empleo
una utopía?
No. Creo que si se continúa
llevando a cabo una buena gestión de la política económica,
dado que la entrada en el mercado de trabajo se va a ralentizar como consecuencia
de que la población activa potencial irá cayendo, en el 2010
podemos tener una situación de pleno empleo, que puede estar alrededor
del 5% o del 7%, lo que sería una cifra muy aceptable.
¿Existe actualmente
un referente válido para el Estado del Bienestar en algún
país europeo?
El Estado del Bienestar
es un concepto que no está zanjado. Los países europeos
están efectuando reajustes de su Estado del Bienestar, concepto
que fue pensado para una situación económica y demográfica
diferente. Por eso, ahora están evaluando los grados de sobreprotección
que hay en algunas prestaciones para tratar de reequilibrarlas, no para
suprimirlas; ningún estado de la Unión quiere suprimir su
principal instrumento de cohesión social, lo que quieren es un ajuste
con la nueva situación económica y demográfica.
¿Es lícito
hablar de Estado del Bienestar en el contexto de un ciclo recesivo de la
economía?
Sí, porque precisamente
ese ciclo recesivo afecta a las capas sociales más bajas, que son
las que más protección social reciben y tienen que seguir
recibiéndola. Lo que hace falta es que las cuentas estén
equilibradas para que, cuando ocurra esa recesión, sea posible hacer
un mayor gasto social.
¿Piensa que el programa
político del Partido Popular escoge las vías más adecuadas
para la consecución del Estado del Bienestar o cree que hay otros
cauces más acordes con la coyuntura económica actual?
Creo que han desarrollado
una buena política. Lo primero que requería España
era generar empleo para mantener el Estado de Bienestar y se ha generado
fuertemente. Se necesitaba una política económica de estabilidad
y se redujo el déficit. Se redujo la inflación y el tipo
de interés. Esto ha llevado a un crecimiento sostenido. Se rebajaron
los impuestos porque Francia y Alemania estaban en una situación
difícil y su demanda iba a caer. Así, se buscó incentivar
la demanda interna, bajando los impuestos. Creo que la gestión de
la política macroeconómica ha sido buena y los resultados
están ahí.
Ahora hay que tener cuidado
con la inflación, que influye mucho en la competitividad y , por
supuesto, no llevar a la práctica las locuras que se venden en el
período electoral. La bajada de impuestos de la reforma del IRPF
para el 2002 lleva un condicionante: que en esa fecha exista equilibrio
presupuestario, sino no se bajarán porque se aumentaría el
déficit. La cuestión está en si es posible, sin reforma
estructural, llegar al año 2002 sin déficit.
En cuanto a las ofertas
sobre pensiones que están realizando los partidos políticos
en sus campañas electorales, en el Pacto de Toledo todos firmaron
que no se utilizarían como instrumento para captar votos. Pero a
la primera ocasión que han tenido han roto el acuerdo y ahora están
inmersos en una subasta de si yo doy más que tú a los 8 millones
de votantes, que son pensionistas. No es lógico la utilización
de las pensiones para captar votos porque, en definitiva, es el instrumento
de cohesión social que tenemos más importante, y así
se pone en peligro".
¿Cree que los mecanismos
de control de las cuentas públicas son los suficientes para garantizar
un Estado del Bienestar futuro y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos
en el propio Estado?
El control formal del gasto
se hace con los mecanismos habituales para ello, pero hay que pasar de
un control meramente formal a un control de eficiencia. La otra fase, muy
importante, es la de evaluar los proyectos; ver si los programas son, o
no, eficientes y válidos en ese momento...
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Propuestas para la gestión
pública del futuro Estado del Bienestar
El profesor Barea defendió,
en cuanto a las pensiones contributivas, la aplicación del
principio de proporcionalidad entre cotización y pensión
a recibir, que establece la Ley de 1985 y que supone, entre otras cosas,
activar a toda la vida activa el cálculo de la base reguladora de
la pensión; aplicar a la base reguladora un porcentaje proporcional
al número de años cotizados; aumentar la edad de jubilación
a 70 años; o establecer un sistema de capitalización para
el cálculo de la pensión, utilizando un tipo de interés
ligado al crecimiento de la economía.
El desempleo contributivo
debería, en su opinión, gestionarse como "una operación
de seguro por plazo limitado, para mantener la renta de activo en un determinado
porcentaje". Barea propone que los perceptores realicen una prestación
social con carácter obligatorio, un control estricto de la prestación,
fijar tasas de sustitución diferentes por sectores (en función
de las tasas de paro), integrar la indemnización de despido...
En la prestación
sanitaria, el profesor planteó la libertad de elección
de médico y hospital del asegurado, las listas cerradas de prestaciones,
un mercado regulado mixto competitivo y la traslación del riesgo
a los productores de la asistencia sanitaria.
La educación requiere
también regirse por los criterios de eficiencia y de equidad, puesto
que "la gratuidad no tiene sentido en la educación universitaria".
Así, propone una política de becas para estudiantes con categoría
socio-económica de baja renta.
Para los servicios sociales
sugirió,
entre otras medidas, la prestación domiciliaria en sustitución
de la residencial y cobrar una parte de esos servicios a los hogares de
los beneficiarios.
Sobre las pensiones no
contributivas, explicó que deben financiarse a través
de los impuestos generales y asegurar una renta a los que no disfrutan
de pensiones contributivas ni de otras rentas, aunque sujetas a pruebas
que garanticen el criterio de equidad.
El desempleo no contributivo
no debe utilizarse, según el profesor, como instrumento para que
el parado alcance la edad de jubilación y debería estar condicionado
a la prestación de servicios sociales.
En cuanto a las prestaciones
a los jóvenes, la alternativa al peligro de la falta de
integración de esta población en el mercado laboral es, según
el profesor Barea, la reforma del mercado de trabajo y la del sistema de
protección social. |
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